Implemente un Canal de Denuncias adaptado a la Ley 2/2023

WhistleOn es una solución integral para la gestión de canales de denuncias, diseñada para ayudar a las organizaciones a promover la ética, la transparencia y el cumplimiento de la Ley 2/2023.

El canal de denuncias es una herramienta que permite a empleados, proveedores y otros grupos de interés comunicar de forma segura y confidencial posibles irregularidades, incumplimientos normativos o conductas contrarias al código ético de una organización. Su objetivo principal es fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad, evitando represalias hacia el denunciante.

Además de servir como un mecanismo de detección temprana de riesgos legales o reputacionales, el canal de denuncias contribuye al fortalecimiento del programa de compliance, ayudando a las empresas a mantener la integridad de sus operaciones y a cumplir con la legislación vigente, como la Ley 2/2023 en España.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, es la normativa española que transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unoón Europea y Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave en España. Esta ley regula la obligación de disponer de un canal interno de denuncias y establece medidas para proteger al denunciante.

Su finalidad es crear un entorno seguro en el que cualquier persona pueda comunicar irregularidades sin miedo a represalias. La ley también fija los requisitos mínimos de funcionamiento, gestión y confidencialidad que deben cumplir los sistemas de denuncia internos y externos.

La Ley 2/2023 regula la creación, gestión y supervisión de los sistemas internos de información, es decir, los canales de denuncias dentro de las organizaciones. Establece las obligaciones tanto para las entidades privadas como para las públicas, definiendo procedimientos, plazos de respuesta y la obligación de designar a un responsable del sistema.

Además, la norma garantiza la protección integral del informante, evitando cualquier tipo de represalia y asegurando el anonimato, la confidencialidad y la trazabilidad de las comunicaciones. También define las competencias de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) como organismo supervisor.

Sí. La Ley 2/2023 establece la obligatoriedad de implementar un canal de denuncias interno para las empresas privadas con 50 o más trabajadores, así como para todas las entidades del sector público. También es obligatorio para aquellas empresas que, aunque tengan menos empleados, operen en sectores regulados o estén sujetas a normativa europea específica.

El objetivo de esta obligación es reforzar la detección temprana de conductas irregulares dentro de las organizaciones, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento. Disponer de un canal de denuncias es, además, una muestra de compromiso con la transparencia y la buena gobernanza corporativa.

Las sanciones por incumplir la Ley 2/2023 pueden ser graves o muy graves, dependiendo de la infracción. Las multas para las empresas pueden alcanzar los 1.000.000 de euros, y en el caso de las personas físicas responsables, hasta 300.000 euros.

Más allá del impacto económico, la ausencia de un canal de denuncias puede afectar la reputación de la empresa y generar desconfianza entre empleados, clientes y socios comerciales. Implementar un sistema adecuado no solo evita sanciones, sino que también protege a la organización frente a riesgos legales y reputacionales.

Disponer de un canal de denuncias permite a las empresas detectar y gestionar internamente posibles irregularidades antes de que se conviertan en grandes conflictos. Es una herramienta fundamental para prevenir fraudes, acoso laboral, discriminación o corrupción.

Además, contar con un canal de denuncias demuestra el compromiso de la organización con la transparencia y la ética corporativa, reforzando la confianza de empleados, clientes y proveedores. También contribuye al cumplimiento normativo y a la mejora del clima organizacional.

La diferencia entre un canal de denuncias interno y uno externo radica en quién lo gestiona. El canal interno está controlado por la propia empresa, mientras que el externo es operado por una entidad independiente que garantiza el anonimato del denunciante, la confidencialidad y el tratamiento adecuado de cada caso. Esto asegura que las denuncias lleguen al comité de ética de forma segura, transparente y con las medidas correctas adoptadas por la organización.

El uso de canales internos puede generar conflictos de intereses y falta de credibilidad, ya que quienes administran el sistema pueden estar implicados en los hechos denunciados. Además, estos canales suelen ser menos seguros y desorganizados, utilizando correos corporativos o formularios en intranet que no garantizan el anonimato ni la protección de los datos del informante.

Por el contrario, los canales externos administrados por empresas especializadas ofrecen mayor independencia, trazabilidad y confianza. Estas plataformas son responsables de recibir, analizar y clasificar las denuncias de forma imparcial, asegurando el cumplimiento legal, la confidencialidad y la protección integral del denunciante.

Para implementar un canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023, comienza con el compromiso de la alta dirección hacia la ética y la transparencia. El primer paso es definir una política clara que describa el objetivo del canal, los tipos de conductas que pueden informarse y las garantías de confidencialidad y protección frente a represalias. A continuación, es esencial elegir una plataforma segura y accesible, capaz de recibir comunicaciones anónimas, registrar los casos de forma estructurada y permitir el seguimiento de las investigaciones con trazabilidad e imparcialidad.

También es fundamental invertir en comunicación interna y capacitaciones, para que todos los empleados sepan cómo utilizar el canal y confíen en su efectividad. El éxito del sistema depende de la credibilidad y la transparencia con la que se gestionen las denuncias. Para las empresas que buscan una solución completa, segura y adaptada a la legislación europea e internacional, WhistleOn ofrece un canal de denuncias digital que combina anonimato, cumplimiento legal y tecnología de vanguardia, fortaleciendo la cultura ética y la gobernanza corporativa.

Existen formas manuales y obsoletas de recibir o recopilar denuncias, pero las empresas que no cuentan con una plataforma digital segura y con garantía de anonimato pueden generar riesgos graves, como filtraciones de información, pérdida de confianza de los empleados, altas multas y graves procesos judiciales.

Por ello, cada vez más organizaciones optan por plataformas digitales especializadas, diseñadas para proteger la identidad del informante y garantizar la trazabilidad y confidencialidad de cada caso. Este tipo de solución no solo cumple con los principios de independencia y protección del denunciante, sino que también refuerza la cultura ética y la transparencia corporativa.

El costo de un canal de denuncias puede variar en función de su nivel de automatización, funcionalidades, grado de soporte y tamaño de la empresa. Aun así, se trata de un costo muy asequible, especialmente si se compara con los riesgos financieros y legales que implica no cumplir con la normativa o enfrentar sanciones por la falta de un sistema adecuado.

Más que un gasto, es una inversión estratégica en cumplimiento y reputación corporativa. Implementar una solución profesional permite reducir riesgos legales, evitar multas significativas y fortalecer la confianza de los empleados, clientes y demás stakeholders en la integridad de la organización.

Sí. El canal de denuncias de WhistleOn cumple íntegramente con los requisitos de la Ley 2/2023 y la Directiva Europea 2019/1937, garantizando el anonimato, la trazabilidad y la protección total de los denunciante. Su infraestructura tecnológica está diseñada para proteger la identidad de los usuarios en todas las etapas del proceso.

Además, WhistleOn ofrece una solución adaptable a cada organización, con funcionalidades avanzadas y soporte de calidad. Es una plataforma confiable, segura y alineada con las mejores prácticas internacionales en ética y compliance.