
El pasado 20 de febrero, España promulgó la Ley 2/2023 para regular en el país la Directiva Whistleblowing de la Unión Europea, creada en 2019 con el objetivo de garantizar un estándar de protección a quienes deseen denunciar conductas ilícitas en empresas públicas y privadas.
¿Qué es la Directiva de protección de denunciantes de la Unión Europea?
La creación de esta Directiva surgió como respuesta a una serie de escándalos revelados por denunciantes, como Cambridge Analytica y los Papeles de Panamá, que pusieron de manifiesto la falta de protección de quienes pretenden denunciar delitos empresariales.
Algunos países ya han completado la transposición de la Directiva a la legislación nacional, como Francia, Suecia, Dinamarca y Portugal, entre otros. Ahora, con la ley 2/2023, España también exigirá nuevas adaptaciones a las empresas que operan en el país.
La Directiva pretende consolidar un conjunto de normas básicas comunes, con capacidad para garantizar medidas eficaces de protección de los denunciantes que, en el ámbito profesional, ya sea en el sector público o privado, hayan tenido conocimiento de infracciones o situaciones perjudiciales para el interés público. La norma sitúa al denunciante como un personaje fundamental en el proceso de detección de infracciones.
Canales y procedimientos de denuncia en la Ley 2/2023
El nuevo reglamento establece canales y procedimientos de denuncia para las personas que deseen denunciar infracciones de leyes y reglamentos. Las organizaciones públicas y privadas deben establecer canales de denuncia que sean accesibles, confidenciales y eficaces.
Todas las empresas del sector privado con 50 o más empleados tendrán que implantar en un plazo breve un procedimiento interno de denuncia de irregularidades que garantice una protección adecuada a los denunciantes. La Ley 2/2023 también se aplica a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales que gestionan fondos públicos, independientemente del número de empleados, y está relacionada con otras cuestiones en el ámbito de la contratación pública.
Además, todas las empresas del sector público en España estarán obligadas a adoptar un canal de denuncia de irregularidades. Esto incluye a empresas públicas, instituciones públicas, fundaciones públicas, consorcios públicos, asociaciones y otras entidades con personalidad jurídica que dependan de fondos públicos.
Sanciones
Las infracciones cometidas en relación con la protección de los denunciantes se sancionarán con multas. Para las personas físicas, la multa podrá oscilar entre 1.001 y 10.000 euros para las infracciones leves, entre 10.001 y 30.000 euros para las graves y entre 30.001 y 300.000 euros para las muy graves. En el caso de las personas jurídicas, las multas pueden alcanzar los 100.000 euros para las infracciones leves, entre 100.001 y 600.000 euros para las graves y entre 600.001 y 1.000.000 de euros para las muy graves.
En los casos de faltas muy graves, la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante podrá adoptar medidas adicionales, como la imposición de una amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años y la prohibición de contratar con el sector público durante un máximo de tres años.
Es importante destacar que en los casos de infracciones muy graves con multas iguales o superiores a 600.001 euros, la sanción podrá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, con información sobre la naturaleza de la infracción y, en su caso, la identidad de las personas responsables según la legislación de protección de datos.
Implantar un Canal de Denuncias conforme a la nueva Ley 2/2023
WhistleOn ofrece a las empresas un sistema de Canal de Denuncias seguro y anónimo, que cumple con la nueva Ley 2/2023. La plataforma permite a las empresas establecer un procedimiento interno de denuncia y protección de denunciantes, tal y como exige la nueva legislación.
Con WhistleOn es posible generar informes, automatizar la información y analizar los indicadores del programa de ética y cumplimiento de la organización. El sistema dispone de todas las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones de la nueva Ley 2/2023, garantizando la confidencialidad y la protección de los denunciantes.
Conozca WhistleOn y adopte un canal de denuncia eficaz y fiable, que le ayudará a prevenir y detectar conductas ilegales. Además, la plataforma ayuda en la gestión y resolución de las denuncias recibidas, garantizando la transparencia y responsabilidad de la empresa con relación a la nueva legislación.